Las amenazas pueden incluir represalias laborales, como la pérdida de empleo, la negativa a recibir aumentos de salario o la transferencia a lugares menos deseables. También pueden incluir amenazas físicas, como la violencia o el acoso sexual.
El año pasado, el periódico local Diario Libre informó que el 33% de los empleados públicos encuestados habían sido víctimas de acoso laboral y el 19% de acoso sexual en el lugar de trabajo. Además, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señaló que la corrupción en el sector público es un problema grave en la República Dominicana y que muchos empleados públicos enfrentan represalias por denunciar irregularidades.
En resumen, aunque no hay cifras precisas sobre el número de funcionarios públicos que amenazan a empleados públicos en la República Dominicana, es un problema grave y extendido que afecta a muchos trabajadores del sector público.