Lisando de la Cruz y Yanny Cruz ( Foto de fuente externa)
Canca la Piedra, RD. (Por Hipòlito Vega). – La vicealcaldesa del distrito municipal de Canca la Piedra, Yanny Cruz, ha sido apartada de sus funciones por el alcalde Lisandro de la Cruz, quien, según denuncias de dirigentes locales, maneja el gobierno municipal como si fuera una empresa privada, desconociendo la ley y aplicando prácticas de nepotismo.
De acuerdo con una publicación del periodista Arturo Taveras en el blog Código 32, la vicealcaldesa se encuentra en un estado de ostracismo político, sin funciones asignadas, a pesar de ser la figura llamada a sustituir al alcalde en su ausencia y a participar en la gestión municipal. Sin embargo, cuando el alcalde se encuentra fuera del país, otra persona ocupa su lugar, dejando a Cruz sin poder de decisión.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización política a la que pertenecen tanto el alcalde como la vicealcaldesa, ha expresado su descontento ante la situación, señalando que esta práctica no es nueva. Líderes del PRM recuerdan que la fenecida vicealcaldesa Leónides Altagracia Utate Sánchez también sufrió un trato similar, lo que evidencia un patrón de exclusión dentro del cabildo.
La normativa municipal, establecida en la Ley 176-07, señala que la vicealcaldesa debe tener un rol activo en la administración local y que la gestión pública debe regirse por la transparencia y la participación ciudadana. No obstante, denuncias indican que el alcalde De la Cruz ha ignorado estas disposiciones, implementando un modelo de administración basado en el nepotismo y la exclusión de dirigentes del PRM.
“Este cabildo no puede ser una empresa familiar”, expresaron dirigentes y comunitarios, quienes exigen que se respete la institucionalidad y se ponga fin a las irregularidades en la administración local.
La indignación de la base perremeísta ha ido en aumento, mientras la comunidad se pregunta si la situación cambiará o si Canca la Piedra continuará bajo un modelo de gestión que, según las denuncias, contraviene los principios democráticos y la transparencia en la función pública.
