La virtualidad en la justicia

Por. Enrique Muñoz González

En medio de la incertidumbre que provocó la pandemia en el año 2020, la continuidad de los procesos judiciales se vio amenazada. Ante esta situación, el Consejo del Poder Judicial, debió adoptar medidas urgentes que aseguraron la continuidad de las audiencias y demás procesos judiciales, utilizando la comunicación virtual y video conferencias. Pero, lo cierto es que esta nueva metodología no estaba contenida en el ordenamiento procesal dominicano y como consecuencia de esta inesperada problemática, el pleno de la Suprema Corte de Justicia encabezado por su presidente Luis Henry Molina, sometió al Congreso Nacional la Propuesta de Ley de Uso de Medios Digitales mediante la cual, el Poder Judicial persigue normar las actividades judiciales virtuales en su totalidad.

La reacción a esta propuesta fue inmediata, muchos alegan que en un país con tan inestable y en algunos lugares inexistente servicio de energía eléctrica, sumado a la escasa cobertura de Internet, sería francamente una quimera tal pretensión. Se esgrime, además, que si presencialmente el personal de apoyo judicial se torna negligente en respuesta a los tramites documentales, virtualmente, esa actitud sería de alto riesgo para el cumplimiento de los tiempos procesales.

Sin embargo, lo cierto es que el uso de los medios digitales brinda más opciones para los usuarios del sistema de administración de justicia: facilita el acceso, amplía la posibilidad de realizar trámites desde cualquier lugar y permite responder en menor tiempo las solicitudes. El costo por desplazamiento y tiempo de viaje, sería nulo para abogados residentes en una provincia, que tienen audiencias en otras lejanas. También para el Estado que debe trasladar a los privados de libertad a cada audiencia que se celebre, regularmente desde recintos carcelarios distantes de los tribunales.

También permite que en todo proceso público oral y contradictorio se pueda tener acceso a datos de los servicios de justicia, aportando con ello más transparencia y control ciudadano puesto que se puede dar seguimiento desde la entrada de un caso al sistema judicial, hasta finalizado el proceso. Miles de personas podrían ver en directo audiencias en casos de su interés, sin necesidad de desplazarse ni atiborrar una sala de audiencias, según el caso.

El control ciudadano de lo que sucede en los juzgados no solo tiene un efecto de auditoría sobre las decisiones de los jueces y fiscales, sino que también tiene un efecto pedagógico sobre la forma en que funciona la justicia, tal y como ha ocurrido con los casos sonoros que han sido televisados.

Así como la pandemia nos está empujando a ampliar el área de cobertura de internet para estudiantes y maestros en las escuelas, así podrá ocurrir para los abogados, fiscales, alguaciles, jueces, etc. por lo que, si se logra habilitar las plataformas digitales correspondientes y se garantiza la legalidad de las notificaciones por medios digitales, fijación de audiencias, retiro de documentos, certificaciones, firma digital, etc.  podrán celebrarse con éxito y legalidad las audiencias virtuales y con ello consolidar la VIRTUALIDAD EN LA JUSTICIA.