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Trump se despide de América Latina con nuevas sanciones a Cuba y Nicaragua

A cuatro semanas de dejar el poder, el presidente de Estados Unidos golpea la industria turística de la isla y congela los activos de tres miembros del círculo de Daniel Ortega

El Departamento del Tesoro acusó a tres empresas cubanas de usar una filial panameña para evadir las sanciones de Washington. Entre ellas está GAESA, un grupo empresarial controlado por los militares que abarca desde hoteles y supermercados hasta servicios portuarios y aduaneros. Desde los años 90 controla amplios sectores económicos vinculados al turismo, el motor de la economía de la isla. El jefe de GAESA es el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno del antiguo presidente Raúl Castro, también sancionado por Estados Unidos. Las otras dos empresas penalizadas son la Financiera Cimex y Kave Coffee, dedicada al café.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó las medidas y afirmó que Cuba saldrá adelante “sin importar cuántas entidades incluyan en sus listas espurias”. “Cada acción de la política exterior de Estados Unidos refuerza el aislamiento y descrédito internacional al que Trump y su equipo la condujeron”, dijo el canciller. El equipo de Donald Trump, que dejará el poder el 20 de enero, argumentó que las sanciones son parte de su compromiso de “atacar al régimen cubano por su comportamiento maligno y sus intentos de evadir las sanciones estadounidenses”, dijo el secretario Steven Mnuchin.

Las sanciones se suman al paquete de medidas contra la industria turística de la isla aprobadas hace tres meses. Desde entonces las restricciones afectan a viajeros estadounidenses y 433 hoteles y complejos turísticos que forman parte de una lista de alojamientos prohibidos en Cuba, además de más limitaciones a las importaciones de alcohol y tabaco producido y comercializado dentro de la isla.

“Las medidas están orientadas a privar al régimen cubano de los recursos que utiliza para oprimir a la población cubana y financiar su injerencia en Venezuela”, dijo entonces el secretario de Estado, Mike Pompeo.

En el caso de Nicaragua, los tres funcionarios sancionados este lunes son el vicepresidente de la Corte Suprema de Nicaragua, Ramiro Aguilar, el diputado Antonio Gutiérrez y el comandante de la policía de León, Fidel De Jesús Domínguez. Según EE UU, Ramiro Aguilar es vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, secretario político sandinista lo que garantiza al régimen que solo los funcionarios afines lleguen a puestos clave. Para el Departamento de Estado, como secretario político nacional, Aguilar trata directamente con el presidente Daniel Ortega y con Rosario Murillo para coordinar la persecución de miembros de la oposición.

Walmaro Antonio Gutiérrez es diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, y es acusado de impulsar la controvertida Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a personas y entidades de Nicaragua que reciben fondos extranjeros a registrarse y enviar mensualmente al Ministerio de Interior detallados informes. Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, es jefe de la Policía Nacional de Nicaragua en León, y es acusado de haber coordinado personalmente varias palizas contra periodistas y opositores.

El Departamento del Tesoro indicó que los tres son responsables de “apoyar la sistemática identificación, intimidación y castigo de los opositores que lleva a cabo el régimen de Ortega”, denunció el secretario Mnuchin. La sanción implica el bloqueo de cualquiera de sus activos en el sistema financiero estadounidense.

Al Igual que en el caso de Cuba, las medidas anunciadas este lunes se suman a las sanciones de octubre cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido, al secretario de la presidencia, Paul Oquist Kelley y a la Caja Rural Nacional, una cooperativa de ahorro y crédito cercana al sandinista. Con estas sanciones, todas las propiedades y capitales en EE UU quedaron bajo control de las autoridades. También en octubre la Unión Europea decidió prolongar un año más sus sanciones contra el círculo de Ortega ante la “deteriorada situación político y social”, en el país centroamericano.

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