Por Frank Segura / Ingeniero y comunicador/
Las fuerzas revolucionarias del país estuvieron 16 años fuera del poder mientras gobernaba el PLD, aunque a muchos de los actuales funcionarios se les olvida. También han olvidado las críticas que hacían al partido morado, entre ellas el uso de las instituciones públicas como comandos de campaña para satisfacer propósitos personales.
No importaron los llamados de atención y la sensatez que en múltiples ocasiones realizó su presidente José Ignacio Paliza. Los llamados presidenciables han estado decididos a imponer sus propios tiempos de campaña, violentando los plazos legales establecidos en la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas del país.
Esta creciente lucha descontrolada amenaza la estabilidad de las ejecutorias gubernamentales que, como dijo Luis Abinader al reprocharles, deben priorizar «trabajar para la gente y resolver los problemas de las comunidades».
En varias ocasiones el presidente se ha reunido con estos aspirantes proponiendo la elaboración y cumplimiento de un protocolo que regule y rija sus actuaciones, pero esto ha sido evidentemente irrespetado, llevando la situación a un límite insostenible para el gobierno y para el país.
Pero siendo objetivos y si nos fijamos en el fondo de estos hechos, debemos preguntarnos: ¿por qué esta desconsideración al presidente, a las leyes y a la sociedad dominicana? ¿Deslealtad al mandatario que les ha designado en el cargo? ¿Falta de consideración a un presidente desprendido que aseguró mantener un papel neutral para garantizar la elección de un candidato y su posterior triunfo en el 2028? ¿Este irrespeto es el primer síntoma de la soledad del poder que arropará al mandatario?
De seguro las respuestas a estas preguntas explican las razones de este activismo, en mayor o menor medida según cada aspirante. Pero además de esto está presente la desconfianza: desconfianza en las posibilidades reales de sus propios proyectos y desconfianza hacia el presidente que ha querido regular el proceso.
Paradójicamente, quizás teman que exista un proyecto presidencial a ungir por Abinader, cuando su comportamiento desafiante podría provocar precisamente que esto pase.
De continuar este rumbo, obligarían al presidente a hacer lo común entre gobernantes: elegir un delfín que restaure la confianza, asegurando la continuidad de su obra y la estabilidad del país, forzándolo a tomar una decisión que inicialmente no contemplaba.
