Por Hipólito Vega /
Santo Domingo Este, RD. – En medio de denuncias sobre limitaciones a la labor periodística impuestas por la Alcaldía de Santo Domingo Este, el silencio del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y otras entidades del sector comunicación genera preocupación en distintos sectores.
En un comunicado recibido en la redacción del periódico El Sol Dominicano, remitido por Multimedios LZO , se denuncia que las autoridades municipales han adoptado medidas restrictivas que atentan contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
El documento coincide con un reportaje difundido por el medio Somos Pueblo sobre el polémico caso de supuestos cobros ilegales a vehículos de motor, donde se evidenció que la Alcaldía obliga a los asistentes a dejar sus celulares en la entrada y prohíbe grabar durante reuniones oficiales con asociaciones sociales y económicas. En el audiovisual se escucha al jefe de seguridad explicar que esa práctica forma parte de un “protocolo” de la institución, lo cual posteriormente fue ratificado por la propia directora de Comunicaciones del cabildo.
El próximo 22 de agosto está pautado el inicio del juicio del alcalde Dioris Anselmo Astacio Pacheco contra el periodista Fernando Julio Buitrago Clausell, CEO de Gala Oriental, medio de comunicación con sede en este municipio. El proceso judicial se enmarca dentro de denuncias de sectores de prensa que señalan una persecución directa contra medios locales y periodistas críticos de la gestión municipal.
A pesar de la gravedad de estos hechos, hasta el momento las principales organizaciones gremiales y empresariales de la prensa no han emitido postura pública. Para observadores y comunicadores, esta ausencia de pronunciamiento abre interrogantes sobre la defensa efectiva de la libertad de expresión y los derechos constitucionales de los periodistas en la República Dominicana.
“¿Por qué callan las entidades llamadas a velar por los derechos de la prensa, frente a medidas que limitan el ejercicio del periodismo y violentan la Constitución?”, cuestionan voces del sector.
