Por Hipólito Vega /
Washington, D.C. — El Gobierno de Estados Unidos expresó fuertes críticas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la realización de una audiencia temática relacionada con las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental. Según autoridades estadounidenses, el organismo regional habría excedido su mandato al abordar un tema que, a su juicio, no corresponde al ámbito de los derechos humanos.
Esta información fue elaborada por la sala de redacción de El Sol Dominicano a partir de un comunicado recibido en el correo electrónico del medio.
De acuerdo con el pronunciamiento difundido por Thomas “Tommy” Pigott, portavoz adjunto principal, la CIDH permitió que durante la audiencia la organización American Civil Liberties Union (ACLU) intentara presionar a Estados Unidos para revelar de manera anticipada argumentos y evidencias relacionados con dos casos que actualmente se encuentran en litigio ante tribunales federales estadounidenses.
El comunicado sostiene que la Comisión carece de competencia para revisar estos asuntos, ya que —según la posición estadounidense— se relacionan con la interpretación y aplicación del derecho internacional humanitario y no con el derecho internacional de los derechos humanos.
En ese sentido, el gobierno estadounidense afirmó que la audiencia no debería ser utilizada como parte de una estrategia de litigio interno por parte de organizaciones como la ACLU u otras entidades. Asimismo, instó a la CIDH a ceñirse en el futuro a su Estatuto y Reglamento, evitando intervenir en asuntos que se encuentran bajo procesos judiciales activos dentro de Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses también advirtieron que convocar audiencias en estas circunstancias podría afectar la credibilidad del sistema interamericano de derechos humanos en lugar de fortalecerlo.
Finalmente, el comunicado señala que la Comisión debería enfocar sus esfuerzos en atender las numerosas peticiones individuales que permanecen pendientes en su sistema, algunas de las cuales —según el documento— llevan décadas sin resolución. Según Washington, el organismo tiene la responsabilidad de ofrecer respuestas oportunas a los peticionarios que han presentado sus casos ante la instancia regional.
